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reinserción de convictos a la sociedad introducción psicologia autodidacta

1.-Introducción

En nuestra sociedad contemporánea peruana, el avance de la criminalidad, la inseguridad ciudadana y la corrupción son para muchos ciudadanos los principales problemas. Esta preocupación colectiva se manifiesta en diversas regiones y sectores del país por su creciente manifestación, ocasionando graves daños a las personas, hogares, negocios y principalmente a la sociedad en general (Sánchez, 2016).  En efecto, a nivel económico, genera un gran impacto en los ingresos del País, ya que se conoce que el 97% de los internos del País pertenecían a la población económicamente activa ocupada (PEAO) antes de ser sentenciados o procesados (Cámara de Comercio de Lima, 2019).

De igual manera, si bien el grado de la criminalidad en el Perú, comparado con el de otros países es menor, la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana constituyen el principal problema ciudadano y, como consecuencia, genera gran angustia interna que lo ubica como el principal problema ciudadano, situación de una agenda diaria, que requiere de adecuadas estrategias y decisiones políticas, sociales y económicas integrales (Sánchez, 2016).

Así, la criminalidad tiene múltiples causas, ya sean sociales, económicas y/o psicológicas, e incide en el deterioro familiar, por la participación de uno de sus componentes en algún delito, en sus diversas modalidades: robo, hurto, estafa, extorsión, asesinato, violencia familiar y sexual. El narcotráfico compromete especialmente a los más jóvenes en la mayoría de los casos sin orientación y sin futuro, afectando el bienestar económico y social, provocando constantemente intranquilidad e impidiendo el crecimiento y desarrollo de los pueblos, de los países, con consecuencias muy dañinas en la población (Sánchez, 2016).

Centrándonos en la realidad mundial, muchos delincuentes, incluso después de un período de prisión, no se reintegran a la comunidad como ciudadanos respetuosos de la ley. Cabe resaltar, que dicha problemática se ve relacionada con el nivel de hacinamiento en las cárceles peruanas ya que el personal no se da a basto con la cantidad de internos e impide una adecuada intervención en el proceso de reinserción social. Según el Instituto Nacional Penitenciario, se habla de hacinamiento cuando la sobrepoblación es mayor o igual al 20% de la capacidad de albergue (2018). Actualmente, el sistema penitenciario peruano cuenta con 68 cárceles las cuales albergan  90,638 personas, siendo la capacidad total sólo para 39,156 personas, evidenciando así una sobrepoblación de 51.482, que representa un 131% mayor a la capacidad de albergue (Cámara de Comercio de Lima, 2019).

Debido a ello, se requiere urgentemente de programas de integración o reintegración social, dado que son los medios esenciales para prevenir la reincidencia y aumentar la seguridad pública, que son dos objetivos de política social muy importantes en todos los países, ya que el 90% de personas privadas de su libertad desea aprender un oficio, pues considera que eso le permitirá obtener un trabajo. Asimismo, el 40% revela que no consigue un trabajo porque estuvo en la cárcel, mientras que el 25% sostiene que en el país no existen oportunidades laborales (Unidas, 2013).

A razón de aquello, los estándares y normas internacionales reafirman que la rehabilitación de los delincuentes y su reintegración exitosa dentro de la comunidad son unos de los objetivos básicos del proceso de justicia penal. Al hacerlo, enfatizan la importancia de las intervenciones para ayudar a la reintegración de los delincuentes como un medio para evitar mayor delincuencia y proteger a la sociedad (Unidas, 2013).

Es así que, cuando existen recursos penitenciarios y comunitarios y estos pueden ser movilizados, el proceso de reinserción del delincuente puede ser manejado más eficazmente y así reducir la probabilidad de reincidencia. El objetivo principal de tales intervenciones es ayudar a los delincuentes a superar el estigma de una condena penal, los efectos dañinos de la encarcelación y los numerosos obstáculos que enfrentan al tratar de reintegrarse dentro de la comunidad (Unidas, 2013).

En general, las intervenciones para apoyar la integración social de delincuentes no necesariamente requiere la privación de su libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de hacerse en una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la reintegración social de un delincuente. Cuando los delincuentes deben ir a prisión para proteger a la sociedad, el período de prisión debe ser utilizado constructivamente para asegurar, en todo lo que sea posible, que al retornar a la comunidad ellos no solo querrán sino que también serán capaces de vivir respetando la ley. Se les puede ofrecer apoyo adicional para ayudarles a efectuar esa difícil transición y asegurar que la comunidad quiere y puede recibirles (Unidas, 2013).

Sin embargo, la mayoría de los delincuentes confrontan problemas de adaptación social importantes, que pueden incluir estigmatización y ostracismo familiar y comunitario, y el consiguiente impacto negativo sobre su capacidad para encontrar empleo o vivienda, regresar a la educación formal y crear o recrear su capital individual y social. A menos que reciban ayuda para enfrentar estos problemas, con frecuencia se ven atrapados en un ciclo de integración social fallida, reincidencia en delincuencia, recaída  y rechazo social (Unidas, 2013).

A menos que las comunidades comprendan y acepten la importancia de asegurar la reintegración exitosa de los delincuentes, éstas continuarán sin querer o sin poder facilitar ese proceso o desempeñar un papel activo en la rehabilitación de los delincuentes (Unidas, 2013).

En vista de este panorama, similar a un ciclo vicioso sin fin, se propone un plan de intervención para concientizar sobre la importancia de una reinserción exitosa en la comunidad y proponer acciones, tanto durante el tiempo de encarcelamiento como posterior a su salida del penitenciario, que podrían facilitar la reinserción de los convictos a la sociedad y comunidad.

2.-Conceptos teóricos relevantes 

criminalidad en perú, delito de robo y hurto, reintegración social

A.-La criminalidad en el Perú

La criminalidad es un problema de todas las sociedades; ello explica la internacionalización de las ciencias penales. Sin embargo pese a la larga experiencia con ese fenómeno, en ninguna parte se ha logrado reducirla en estadísticas significativas. La política criminal es muy cambiante: existe un primer plano; en el que se pretende la reintegración a la sociedad del autor, y un segundo plano; en el que se pretende hacerle frente con firmeza. De momento se extiende la segunda tendencia para poder dar una buena impresión de los políticos a través de la sociedad (Sack, 2012).

Es así, que la criminalidad en el mundo y, en particular en nuestro país, debe ser analizada en sus múltiples dimensiones. La evidencia disponible nos señala que ésta, tiene diversidad de causas, algunas de las cuales son determinantes. Exhibe múltiples aristas que deben ser consideradas en cualquier análisis. Desde las particulares condiciones de vida de las familias involucradas, que en ciertas circunstancias, uno de los suyos traspasó la línea de la legalidad influenciado por factores internos al hogar muchas veces motivado por las condiciones de vida de las familias, y aquellas en situación de vulnerabilidad económica, sin oportunidades (Sánchez, 2016).

Otro factor es que existe buen porcentaje de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan, cerca del 17% de jóvenes de 15 a 29 años de edad están en esa condición. Asimismo, hay otros condicionantes familiares, incluso los aspectos psicosociales de algunas personas, con violencia familiar que posibilitan el crimen. Existen factores de orden económico que condicionan la actividad delictiva en grandes espacios, principalmente urbanos de gran desarrollo, y concentración de negocios. Ello se observa en grandes distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, con más de un millón de habitantes, con pujante crecimiento económico en una zona rodeada por áreas o conglomerados donde las condiciones de vida y pobreza son bastante graves, o en el distrito de Ate, con gran diferenciación social, en Ventanilla o en el Callao (Sánchez, 2016).

Ligado a esto, la criminalidad estaría condicionada por una serie de carencias de cientos de individuos proclives a delinquir como una especie de “alternativa” de supervivencia. La evolución se da poco a poco, desde delitos menores, como el arrebato, los carteristas, hasta generar una casta del crimen de mayor envergadura que termina en asaltos a bancos, en el secuestro y la extorsión. Todo ello descansa sobre la base de un problema social muy latente, que es la pobreza. A esto se agregan factores disfuncionales de las familias, muchas de ellas desmembradas en los estratos de menores posibilidades de la sociedad. Al final, los actores evolucionan y terminan formando parte del crimen organizado, con diversidad de facetas y manifestaciones, como el  tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, o la trata de personas, en la escala superior (Sánchez, 2016).

Así, García, M. (2014) señala que, los conflictos sociales de delincuentes comienzan en el hogar, en la zona donde viven, los tipos de amigos que la persona tenga, historial de violencia familiar de parte de los padres y/o padrastros violentos y, sufriendo estos daños casi siempre en la adolescencia. Además, se identifica violencia intrafamiliar, separación de padres, deserción escolar, inserción temprana en el campo laboral, cultura basada en los extremos, prostitución y daño psicológico, sumándose al consumo de drogas y alcohol.

B.-Delito de robo y hurto

En el contexto de Lima, Perú, más del 70% de delitos cometidos son de robo y hurto cada año. El robo aborda la acción de apoderarse de los bienes materiales ajenos mediante el uso de fuerza, intimidación o violencia en la persona. Por ejemplo, el uso de llaves falsas (es decir, aquellas llaves perdidas o robadas por el propietario) para ingresar a un local o vivienda. Además, el apoderamiento de los bienes se hace con la intención de privar al dueño de ellos de forma permanente (Presti, s.f.) Dentro del Código Penal del Perú (2016) se considera robo agravado, y en consecuencia una mayor pena privativa de libertad, si el robo se realizó en un inmueble habitado, a altas horas de la noche, a mano armada, en grupos de 2 o más personas, en cualquier medio de transporte público o privado, fingiendo ser una autoridad o servidor público, a una persona vulnerable o si causa lesiones a la integridad física o mental. En caso de que el robo resulte en muerte, en lesiones graves o sea parte de una organización criminal, la pena por el robo agravado sería de cadena perpetua (Código Penal, 2016). El hurto es la acción de tomar cosas muebles sin voluntad del dueño. El hurto agravado ocurre cuando se toman cosas de valor histórico, el uso de menores de 16 años como cómplices, que el sujeto que comete el delito forme parte de algún grupo criminal, entre otros.

Ambos delitos implican la apoderación de un bien ajeno; la diferencia recae en que un robo tiene características de violencia, mientras que el hurto carece de ellas (Mapfree, s.f).

C.-Reintegración social

La integración social se refiere al proceso de integrarse social y psicológicamente en el entorno social. Sin embargo, en los campos de prevención del delito y justicia penal, en donde se usa con frecuencia, el término se refiere más específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales para evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya están en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir. Las intervenciones de integración social son, por lo tanto, intentos de los diversos componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONG, instituciones educativas, comunidades y familia de los delincuentes, para apoyar la integración social de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia (Unidas, 2013).

Los programas pueden ser desarrollados para varios grupos de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia, incluyendo niños y jóvenes cuya socialización todavía está “en proceso”. También para individuos de grupos que tienden a confrontar algunos desafíos de integración social particulares, tales como los grupos minoritarios, inmigrantes o individuos que padecen de enfermedades mentales o problemas de abuso de substancias. Algunos de estos grupos pueden ciertamente estar confrontando situaciones inmediatas de exclusión social y pueden necesitar ayuda para tratar con obstáculos invencibles de integración social (Unidas, 2013).

D.-La importancia de los programas de reintegración social

Los índices de reincidencia siguen siendo muy altos entre ciertos grupos de delincuentes. Si bien no se dispone de estadísticas globales, los datos de países individuales confirman altos índices de re-delincuencia, alcanzando un 70 por ciento o más. Muchos delincuentes, incluso después de severas sentencias de prisión, vuelven a delinquir repetidamente y no pueden reintegrarse a la comunidad como ciudadanos respetuosos de la ley. La prisión, en sí misma, es incapaz de solucionar las cuestiones de reintegración social de los delincuentes. Aún cuando los programas sólidos de la prisión han ayudado a los delincuentes a lograr algunos progresos durante la detención, esos progresos se han perdido como resultado de la falta de supervisión de seguimiento y ayuda post-penitenciarias a la liberación. Por lo tanto es razonable pensar que las estrategias de prevención eficaz del delito tanto a nivel local como nacional deben prestar atención especial a la integración social de los delincuentes y a la reintegración de los ex prisioneros a la comunidad  (Unidas, 2013).

Es así que, los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida. Tales intervenciones no necesariamente requieren el encarcelamiento de los delincuentes. Por el contrario, muchas de ellas pueden realizarse más eficazmente dentro de la comunidad que en una institución.

Las sociedades no pueden permitirse el lujo de dejar de invertir en integración social y en programas de reintegración para delincuentes. Tales programas son una parte esencial de toda estrategia completa de prevención del delito. Invertir en prisiones, sin una inversión complementaria en programas de rehabilitación y reintegración, no producen una reducción significativa de la reincidencia. De hecho pueden complicar el problema. El período de encarcelamiento, mientras los delincuentes están bajo estricto control, puede ser utilizado para estabilizarlos y rehabilitarlos, pero eso con frecuencia dura poco sin el apoyo de los programas de reintegración del prisionero. Dichos programas pueden ser implementados a mucho menor costo que el de encarcelamiento y pueden producir algunos resultados muy efectivos en materia de costos. La reducción de la cantidad de delincuentes que vuelven a delinquir significa menos víctimas, mayor seguridad comunitaria y menos presión para los organismos policiales (Unidas, 2013).

falta de hogar, oportunidales laborales, falta de politicas relacionadas a la inclusión laboral, estigma social y conflictos de la reinserción de convictos

E.-Factores que dificultan la ausencia del tratamiento de reinserción social para el criminal

Los criminales recientemente liberados de la prisión encuentran numerosos problemas respecto a encontrar un puesto de trabajo. Estos problemas pueden incluir diversos factores personales, como por ejemplo poca autoestima, poca motivación, falta de habilidad, falta de entrenamiento, enfermedad mental y abuso de substancias, falta de alojamiento estable y factores sociales.

F.-La falta de oportunidades laborales

La mayoría de los criminales retornan a poblaciones y comunidades desventajadas con oportunidades de trabajo limitadas. De igual manera, el estado de la economía también afecta la reinserción de los ex prisioneros. De esta manera, las malas condiciones económicas hacen que a los criminales les sea particularmente difícil encontrar un trabajo adecuado. Los economistas laborales hacen notar que la escasez de puestos de trabajo afecta desproporcionadamente a los más desventajados y que los criminales están al final de la lista de preferencias de los empleadores (Ramos, 2012).

No solo las empresas privadas cierran sus puertas a los exconvictos, también los programas estatales de promoción del empleo los excluyen y postergan. Es así que, la gran contradicción de todo esto radica en que el propio Estado exige a los ex internos liberados trabajar y/o estudiar para poder cumplir su sentencia en libertad, pagar su reparación civil y así borrar sus antecedentes penales. Sin embargo, mientras no trabajen no podrán ahorrar dinero, tampoco estudiar, y así muchos terminan reincidiendo o simplemente dándose al abandono ante la falta de oportunidades (República, 2018).

Ramos, R. (2012) sostiene que los empleadores con frecuencia dudan en contratar a un criminal, especialmente si tienen que probarse a sí mismos después de ser puestos en libertad. El estigma asociado con el encarcelamiento es claramente un factor, pero también lo es el hecho de que pocos de estos individuos tienen la capacidad y la experiencia que buscan los empleadores. Muchos de éstos perciben a los criminales con bajos niveles de capacidad de empleo. La investigación demuestra que es menos probable que los criminales que hayan podido asegurar un puesto de trabajo legítimo, en particular en puestos de mayor calidad y salarios más altos, vuelvan a delinquir que aquellos ex prisioneros sin oportunidades de trabajo legítimo, pero la relación entre empleo y re-delincuencia no es tan clara.

G.-La falta de hogar

La falta de hogar es con frecuencia una consecuencia directa del encarcelamiento. La ausencia de alojamiento adecuado para los ex reos en la comunidad puede hacer que éstos se concentren en las zonas más problemáticas de la comunidad en donde haya altos índices de criminalidad. Lamentablemente, las cárceles aíslan a los delincuentes de sus familias, más aún si los criminales son transferidos a prisiones acordes con el riesgo a la seguridad que representan, y esto puede involucrar su traslado lejos de sus hogares y familia (Ramos, 2012).

En ausencia de apoyo material, psicológico y social al tiempo de su liberación, a los ex reos les puede ser muy difícil romper el círculo de liberación y re-arresto. Los períodos cortos en la prisión y los largos períodos que permanecen en prisión preventiva hacen que las oportunidades de un tratamiento e intervenciones exitosas para prevenir la futura reincidencia sean muy limitadas (Ramos, 2012).

H.-La falta de políticas relacionadas a la inclusión laboral del ex convicto

En el Perú, existe una ley muy antigua, decretada en 1928 por el presidente Augusto B. Leguía, que establece que todas las empresas que ganen licitaciones con el Estado deben destinar un 10% de su planilla para ex-internos. Es una ley que tiene más de ochenta años y que no se ha derogado aún, pero que no se aplica y que prácticamente ha sido olvidada (República, 2018).

De esta manera, es necesario que el Congreso de la República dicte una Ley de Inclusión Laboral para personas ex reo, para de esta manera brindarles la oportunidad de reinsertarse de nuevo a la sociedad con una empleo formal, además de otorgarle beneficios tributarios como la deducción de la renta bruta a todas las empresas que incluyan un número determinado de personas que ya cumplieron su condena.

I.-El estigma social y su repercusión en los recursos

El estigma se debe entender como la emoción que se genera respecto a un grupo o un sujeto, también considerada la percepción negativa  del comportamiento de un sujeto, o grupo de sujetos,  de una persona que se considera a sí misma “normal”.  Se consideran tres tipos de estigma: la física,  la trivial y la conductual. La primera se refiere a una diferencia en el sujeto de origen físico, por ejemplo una persona con alguna discapacidad. La segunda se refiere a aquellos con características que no se pueden negar, por ejemplo una persona de color. El último tipo de estigma, conductual,  incluye personas que hayan cometido un crimen por ejemplo. En este tipo de estigma se cree que la persona es completamente responsable de las fallas que haya cometido (Page, 2015).

Si bien es cierto que uno de los principales problemas en cuanto a la reinserción a la sociedad, más específicamente al entorno laboral, son los prejuicios y estigmas hacia los ex convictos, esto no significa que ellos no tengan la motivación para hacerlo, ni que tampoco quieran seguir delinquiendo, ya que recursos para tener una vida como un ciudadano normal sí que tienen. Finalmente, todo recae en un  círculo vicioso que no parará hasta que como sociedad hagamos el movimiento oportuno y necesario para empezar a solucionarlo (La República, 2019).

Un ejemplo de los recursos que poseen los ex convictos son los centros de educación básica alternativa (CEBA) y los centros técnicos productivos (Cetpro). Este primero tiene como objetivo erradicar el analfabetismo y se enfoca principalmente en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. El CEBA equivale a la educación básica regular en cuanto a calidad de enseñanza y aprendizaje (MINEDU, 2015). En cuanto al segundo, este tiene como objetivo el insertar o reinsertar a los ciudadanos en general al mundo laboral enfocándose en la adquisición y desarrollo de competencias laborales teniendo como perspectiva un desarrollo sostenible (MINEDU, 2015).

Por otro lado, también existe apoyo familiar o de conocidos cercanos, los cuales podrían representar una ayuda a la hora de reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, el siempre presente estigma y; por ende, la falta de confianza no permite que estos recursos puedan ser aprovechados de la manera más eficiente posible, provocando que los ex convictos vuelvan a reincidir en los mismos delitos que los llevaron a prisión (La República, 2019).

3.-Conclusiones

En el mundo hay intentos de disminuir la reincidencia en la criminalidad; no obstante, se encuentra una tendencia marcada de hacerle frente al autor del crimen con firmeza antes que hacer un intento por conciliar al autor con la sociedad al momento de que termina la condena y minimizar así la probabilidad de reincidencia. Incluso si se encuentran programas de apoyo en la reinserción, se encuentran dirigidos a personas con discapacidades específicas y no a la población en general de exconvictos con necesidad de conciliarse con la sociedad y adaptarse a ella.

Se encuentran factores familiares similares en las personas que delinquen, algunos factores siendo muchas veces hasta determinantes. Algunos de los factores que se repiten son las circunstancias económicas, familiares, tipos de amigos, cercanía o parentesco con alguien que haya delinquido y la violencia intrafamiliar. Si estas circunstancias se mantienen, incluso después de su salida, pueden influenciar en el proceso de reinserción en la sociedad y en la reincidencia.

Adicionalmente, muchos de los ex-convictos se encuentran con problemas para reiniciar su vida como ciudadano del país, obstáculos tanto en la vida familiar como laboral e incluso personales y afectivos tipo baja autoestima que en muchos casos impiden un cambio de vida y la reivindicación de sus actos. Estos problemas pueden ser explicados por el estigma de ser ex-convictos, que los lleva a perder relaciones, a no tener oportunidades de trabajo, y por la falta de apoyo postpenitenciario suficiente por parte del estado, que les exige laborar y/o estudiar para cumplir con las reparaciones al estado pero no se les brinda una manera de hacerlo. En resultado, las circunstancias de desamparo y carecer de oportunidades de mejorar los impulsa a recaer en delitos con el motivo de sobrevivir en la sociedad.

Referencias:

Cámara de Comercio de Lima. (2019). Cárceles Peruanas: Peor, imposible. Cámara de Comercio de Lima, 7-12.

Diferencia entre Robo y Hurto (2019). Diferencia entre Robo y Hurto. Recuperado de https://dudaslegislativas.com/diferencia-entre-robo-y-hurto/.

García, M. (2014). “Constelación de los Sistemas que se relacionan con la violencia y la criminalidad femenina”. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. Criminal pólices, Causes, Delinquent, Prevention, Victim. Año 2, vol. III agosto-diciembre 2014.

Instituto Nacional Penitenciario. (Febrero de 2018). Informe Estadístico Penitenciario. Obtenido de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: file:///C:/Users/Hernan/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/FEBRERO2018%20(2).pdf

Mapfree. (s.f.). “¿Qué diferencia hay entre robo y hurto?” Recuperado el 21 de noviembre del 2019 de: https://www.mapfre.es/seguros/particulares/coche/faqs/diferencias-robo-hurto.jsp